El debate sobre el alto sueldo de Marcela Cubillos como docente no solo ha puesto en la mira su remuneración, sino también la efectividad de los canales de denuncia de la universidad. ¿Dónde quedó la confidencialidad prometida a los estudiantes y empleados? Esta situación revela una falla grave en uno de los pilares más importantes para cualquier institución: la confianza en sus mecanismos de queja y la protección de la privacidad de quienes los utilizan. Pero también plantea una cuestión crucial: el debido proceso debe proteger tanto al denunciante como al denunciado.

El hecho de que la información sobre el sueldo de Cubillos haya sido filtrada desde un canal de denuncia interno genera dudas sobre la efectividad y credibilidad de estos sistemas. Un canal de denuncia debería ser un espacio seguro, diseñado para proteger a quienes levantan la voz sobre situaciones que consideran inapropiadas o injustas. Sin embargo, en este caso, la filtración de información sensible expone a una persona sin que se haya respetado el debido proceso. Esto no solo daña la reputación de la universidad, sino que plantea la pregunta: ¿pueden los estudiantes y empleados confiar en que sus denuncias serán tratadas con confidencialidad?

El debido proceso no es un concepto unilateral. Protege no solo a quienes denuncian, sino también a quienes son objeto de la denuncia. La ley 21.592, promulgada en 2023, establece la obligación para las instituciones de mantener la confidencialidad tanto del denunciante como del denunciado, asegurando un proceso justo y equilibrado. Este marco legal está diseñado precisamente para evitar filtraciones que puedan afectar a cualquiera de las partes involucradas, y cuando este proceso se vulnera, se pone en riesgo la integridad del sistema.

Ejemplos internacionales refuerzan esta necesidad de proteger a ambas partes. En 2020, la Universidad de Cambridge enfrentó un escándalo similar cuando se filtraron denuncias internas sobre acoso laboral, lo que afectó tanto a los denunciantes como a los denunciados antes de que se realizara una investigación adecuada. 

La efectividad de los canales de denuncia es vital, especialmente en entornos académicos, donde la transparencia y la justicia son esenciales para mantener la confianza. El caso de Cubillos evidencia que, sin un proceso adecuado y respetuoso, el daño puede ser significativo tanto para el individuo como para la institución. La filtración de su remuneración no solo ha generado un debate sobre el salario, sino que ha expuesto una falta de rigor en la gestión de las denuncias internas, algo que debería ser prioritario para cualquier universidad.

Por supuesto, el tema de fondo no es solo la filtración, sino la polémica sobre la elevada remuneración de Cubillos. Para bien o para mal, el sueldo de una docente se ha convertido en una discusión pública, y con razón. Aunque algunos cuestionan la justicia de su salario, no se puede negar que su contratación responde a una lógica estratégica. Marcela Cubillos es una figura pública, y su presencia en la academia genera visibilidad, atracción de alumnos y medios, y probablemente mayores recursos para la universidad.

Pero, ¿a qué costo? Si bien su perfil trae beneficios inmediatos en términos de reputación, la controversia también expone las desigualdades salariales en el sector educativo y los problemas estructurales en la academia chilena. Muchos se preguntan si esta estrategia es un reflejo de lo que debería ser la educación en Chile: ¿dependemos de figuras públicas para sobresalir o deberíamos concentrarnos en mejorar las condiciones de todos los docentes y elevar la calidad educativa?

El caso de Marcela Cubillos nos recuerda que la confidencialidad y el respeto por el debido proceso son fundamentales para el buen funcionamiento de cualquier institución. No basta con implementar un canal de denuncias si este no se gestiona de manera adecuada. Es necesario que la universidad garantice la protección tanto del denunciante como del denunciado, asegurando que los procesos se realicen de manera justa, transparente y confidencial. De lo contrario, se pone en riesgo la confianza en las instituciones y se abre la puerta a más injusticias.