La nueva Ley de Cumplimiento Tributario representa un profundo cambio para el ecosistema del emprendimiento en Chile, abordando tanto la formalización de actividades comerciales como la lucha contra el crimen organizado. Esta normativa introduce medidas para que los bancos reporten cuentas que reciban más de 50 transferencias en un mes o 100 en seis meses, apuntando a detectar actividades informales y asegurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.
Para los emprendedores que operan en redes sociales o plataformas informales como Instagram y Marketplace, este cambio puede significar la necesidad de regularizar sus negocios, emitiendo boletas o facturas y registrando sus operaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Mientras tanto, la medida busca nivelar la cancha entre quienes operan formalmente y aquellos que eluden la tributación, generando un entorno más competitivo y transparente. Esto es especialmente relevante en un país donde el crecimiento del emprendimiento ha sido una de las principales vías de desarrollo económico, pero que hasta ahora ha operado con poca supervisión tributaria en ciertos sectores.
Más allá del impacto en los emprendedores, la ley también pone un foco clave en la seguridad nacional. El fortalecimiento de las capacidades del SII para monitorear movimientos sospechosos en cuentas bancarias se conecta directamente con los esfuerzos para combatir el crimen organizado. A medida que las organizaciones criminales se vuelven más sofisticadas, utilizan estructuras financieras complejas, incluyendo testaferros y empresas fachada, para lavar dinero y ocultar actividades ilegales. Al obligar a los bancos a reportar transacciones, se crean herramientas para rastrear y desmantelar estas redes criminales.
El crimen organizado se ha convertido en una amenaza creciente en Chile, y esta ley se suma a otras medidas que buscan combatirlo de manera estructural. En un contexto de creciente inseguridad y con la presión pública por más medidas efectivas, es crucial que las instituciones financieras y las autoridades trabajen en conjunto para garantizar que las herramientas legales se utilicen de manera efectiva. La estratificación de operaciones, donde pequeñas transacciones aparentemente inocuas se utilizan para evadir impuestos o lavar dinero, es una de las tácticas más comunes, y esta ley apunta a desarticularlas.
Es importante que, en paralelo a estas reformas, se generen instancias de educación financiera para los emprendedores, quienes muchas veces desconocen las implicancias fiscales de sus operaciones. La formalización no solo protege a los negocios de sanciones legales, sino que les abre puertas a beneficios como acceso a créditos, licitaciones públicas y redes comerciales más amplias. Además, iniciativas como la Ruta del Emprendimiento, impulsada por el Ministerio de Economía, buscan apoyar a los pequeños negocios en este proceso de regularización, ofreciendo un camino más claro para formalizar actividades.
La implementación de esta ley es un paso para fortalecer la economía formal en Chile y generar un entorno más equitativo para todos. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se gestione la fiscalización y de la capacidad del Estado para garantizar que se aplique de manera justa, tanto a los grandes evasores como a los pequeños emprendedores que recién están comenzando a crecer. En este sentido, la colaboración entre las instituciones financieras, el SII y los propios emprendedores será clave para asegurar que la ley cumpla con sus objetivos y no se convierta en un obstáculo más para la innovación y el emprendimiento en el país.
En un contexto de crisis de seguridad, donde el crimen organizado ha adquirido mayor protagonismo, la nueva Ley de Cumplimiento Tributario no solo pretende aumentar la recaudación fiscal, sino también limitar las oportunidades para que estos grupos operen a través del sistema financiero.