Quizás no todos lo saben, pero bajo la Ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medioambiente, ya no basta con pagar una multa o despedir a un empleado que cometió un ilícito dentro de la organización. Hoy, las empresas pueden ser sancionadas con la disolución total, más conocida como la pena de muerte empresarial.

Este escenario se gatilla si una compañía es condenada por alguno de los más de 250 delitos tipificados en la ley y no cuenta con un modelo de prevención robusto. No estamos hablando solo de fraudes financieros o corrupción, sino también de delitos tributarios, lavado de activos y atentados contra el medioambiente. En términos simples, una empresa que no tenga implementado lo que en la práctica es el seguro obligatorio de compliance, puede desaparecer del mapa.

Para evitar la condena máxima, las empresas deben demostrar que hicieron todo lo posible por prevenir delitos dentro de su operación. No basta con que los trabajadores firmen un documento diciendo que conocen el código de ética de la empresa. Se debe evidenciar que fueron capacitados y que se evaluó la obtención de conocimiento de dicha capacitación. La empresa debe contar con mecanismos que permitan reportar irregularidades de manera anónima y segura, garantizando la protección del denunciante. Conocer y monitorear proveedores, clientes y socios comerciales. La empresa no solo responde por lo que ocurre dentro de sus oficinas, sino también por los riesgos asociados a terceros con los que se relaciona.

Para dimensionar la magnitud del riesgo, basta con entender que las multas pueden llegar a varios millones de dólares, pero el mayor riesgo no está en el monto de la sanción. La disolución de la empresa no solo implica perder el negocio, sino que afecta a los trabajadores, inversionistas y clientes que confiaron en ella.

Hoy, cualquier empresa, desde una multinacional hasta una pyme, está expuesta. El 80% de las compañías en Chile no cuenta con un modelo de prevención robusto, y muchas creen que el cumplimiento es solo burocrático. Pero cuando estalla un caso de corrupción, colusión o fraude financiero, la diferencia entre sobrevivir o ser sancionado con la pena de muerte radica en demostrar un compromiso real con la prevención.

Casos como Clinica de Las Condes, Factop, LarrainVial, Sartor y otras investigaciones en curso muestran que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía están tomando medidas cada vez más agresivas. Empresas que antes habrían recibido solo una multa hoy enfrentan procesos que pueden terminar en su desaparición.

Para cualquier empresario, director de empresas o abogado corporativo, el mensaje es uno: sin un plan de compliance efectivo, el riesgo de que una empresa deje de existir es real. La inversión en prevención no es un costo, es un blindaje frente a la crisis. Las reglas del juego cambiaron, y la pregunta que cada directorio debería estar haciéndose es simple: ¿Estamos preparados para evitar la pena de muerte empresarial?