La Pena de muerte para las Empresas: Un riesgo real con la nueva Ley de delitos económicos

El 1ero de septiembre entra en vigencia la nueva Ley de Delitos Económicos y atentados contra el medio ambiente, la que entre varias multas y sanciones, incluye la disolución o cancelación de la personalidad jurídica, es decir, “pena de muerte” para las empresas. Este concepto, aunque pueda parecer extremo, no es una novedad en el ámbito internacional, y su implementación en Chile marca un hito en la evolución de la responsabilidad penal empresarial.

La «pena de muerte» para las empresa se refiere a la disolución forzosa de una compañía como resultado de su implicación en delitos graves. Esta sanción es considerada la más severa dentro del marco jurídico, ya que implica la liquidación de la empresa, la venta de sus activos y, en muchos casos, la imposibilidad de operar bajo cualquier forma en el futuro.

La nueva Ley de Delitos Económicos establece que, en caso de que una empresa sea encontrada culpable de cometer delitos graves, como lavado de dinero, corrupción o delitos ambientales, podría enfrentarse a la disolución como última sanción. Esta medida busca no solo castigar a la empresa, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción y otras formas de delincuencia corporativa.

Para las empresas chilenas, esto representa un riesgo importante, que el nuevo marco normativo incluye un amplio rango de delitos que pueden desencadenar esta sanción, lo que exige a las organizaciones implementar sistemas de compliance robustos y efectivos. Es esencial que las empresas adopten medidas preventivas, como la creación de Modelos de Compliance que incluyan prevención de delitos y la formación continua de su personal, para mitigar estos riesgos.

La «pena de muerte» para las empresas en la legislación chilena refleja una tendencia global hacia la responsabilidad penal corporativa. Las empresas deben ser conscientes de que las consecuencias de la mala conducta corporativa pueden ser tan graves como para llevar a su desaparición. En un mundo cada vez más regulado, el cumplimiento normativo ya no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia.

Si una empresa implementa un Modelo de Compliance de manera adecuada y diligente, puede quedar eximida de responsabilidad penal en caso de que alguno de sus colaboradores cometa un delito. Es esencial transmitir un mensaje de tranquilidad al mercado y a las organizaciones. Algunos empresarios podrían percibir esto como una persecución hacia el sector empresarial, pero en realidad, es todo lo contrario. Se trata de brindar seguridad jurídica a las empresas, asegurando que, si cumplen con estos modelos de prevención, no serán responsabilizadas penalmente por las acciones de terceros. Es un paso clave para proteger a las empresas en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

Esta nueva realidad legal en Chile debería servir como un llamado a la acción para las empresas, que deben tomar medidas proactivas para garantizar que operan dentro de los límites de la ley y de acuerdo con los más altos estándares éticos. La responsabilidad no solo recae en la alta dirección, sino en todos los niveles de la organización. La implementación de un fuerte programa de compliance es más crucial que nunca para evitar convertirse en el próximo caso emblemático de «pena de muerte» empresarial.