Ayer nos escandalizábamos con los casos audios, Factop y Sartor. Hoy, esas noticias empiezan a desvanecerse con democracia viva dominando la palestra. Pero no podemos olvidar que casos como los de Arcano, Rafael Garay e Intervalores ocurrieron hace muy poco, y la reciente condena a Gabriel Urenda, fundador de Intervalores, es la prueba de que la impunidad ha sido la norma en el mercado financiero.

El problema no es de hoy, el mercado había operado bajo regulaciones que castigaban con tibieza el abuso de confianza y la manipulación de mercado. Intervalores no solo engañó a inversionistas con nombre y apellido, sino que proporcionó información falsa a la CMF para ocultar su insolvencia, manteniéndose artificialmente en el negocio. La misma lógica se repitió en Arcano y Factop, donde las zonas grises permitieron el desarrollo de esquemas para defraudar disfrazados de rentables inversiones.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Urenda a seis años de presidio por delitos reiterados de estafa y apropiación indebida, además de dos penas de 61 días por infracción a la Ley de Mercado de Valores. Su esquema fraudulento generó perjuicios por más de $12.475 millones, afectando a inversionistas, empresas e incluso a la confianza en el sistema financiero. Sin embargo, la condena fue considerada cumplida por el tiempo que pasó en prisión preventiva y se le eximió del pago de costas judiciales. Además, la CMF le impuso una multa de UF 18.000, que difícilmente repara el daño causado.

¿Qué habría pasado si estos delitos se hubiesen cometido bajo la Ley de delitos económicos y atentados contra el medioambiente? Esta no tan nueva normativa, establece las sanciones más duras en toda la región para delitos considerados económicos, incluyendo penas de hasta 20 años de cárcel efectiva. Además, las multas ya no son simplemente simbólicas: bajo esta ley, podrían haber alcanzado hasta cinco veces el perjuicio económico causado. Si se aplicara hoy, Urenda enfrentaría una pena mucho mayor, sin la posibilidad de eludir la prisión efectiva.

Debemos parar, mirar y escuchar. Aprender de los errores del pasado. Sin memoria, seguimos cayendo en los mismos ciclos de fraude. Los recursos deben asignarse a los estamentos que corresponden para dar un musculo suficiente en la aplicabilidad de la Ley 21.595. Las empresas deben tomar conciencia que ya no es solo un gasto o algo por cumplir. Deben conocer los delitos a los que están expuestos y mitigarlos mediante capacitación y un adecuado conocimiento de sus clientes y contrapartes. Y lo más importante es contar con canales de denuncia.

La sanción al Sr. Urenda nos recuerda el por qué Chile necesitaba una ley de delitos económicos robusta en cuanto al catálogo de delitos, sanciones y multas. Ahora, concentrémonos en que se aplique y no quede en un saludo a la bandera. Porque si algo nos ha demostrado la historia, es que los fraudes no desaparecen; solo cambian de nombre.