Frente a este panorama desolador que estamos atravesando, surge la inevitable pregunta: ¿cómo revertir la situación? Chile necesita con urgencia un cambio cultural y estructural en torno a la ética y la responsabilidad social, que involucre a todos los estamentos, sector público, sector privado y ciudadanía.
El liderazgo para combatir la corrupción debe venir desde arriba, con el gobierno dando el ejemplo. Es esencial fortalecer los mecanismos de transparencia, control y sanción. La puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Integridad Pública apunta en esa dirección, buscando mejorar estándares de transparencia y prevención en todo el Estado. Pero no basta con planes; se requiere voluntad política firme. Esto implica facilitar las investigaciones caiga quien caiga (sin defensas corporativas ni intervencionismos), dotar de recursos a la Contraloría, fiscalías y unidades de cumplimiento, y cerrar resquicios legales que permitieron abusos (por ejemplo, regulando mejor la asignación directa de convenios, exigencia de historial a fundaciones, control del lobby, protección a denunciantes, etc.). El Estado debe revisar sus procesos de compras y subvenciones para hacerlos más infalibles a la trampa. La probidad debe incorporarse como eje en la evaluación de desempeño de autoridades. También es necesario impulsar una modernización tecnológica que reduzca la discrecionalidad, más trámites digitalizados y trazables significan menos oportunidad para la “mano negra”. Por último, la educación cívica y ética dentro del sector público (desde altos cargos a administrativos) debe reforzarse; todos los servidores deben entender que su labor es servir al interés público, no aprovecharse de él. Un Estado íntegro, con controles internos eficaces, es la piedra angular para reconstruir la confianza ciudadana.
Las empresas tienen un rol crucial . Muchas veces la oferta de corrupción proviene del privado que busca ventajas indebidas en contratos o regulaciones. Es imperativo que el mundo empresarial redoble sus esfuerzos de compliance y cultura ética. Las compañías grandes y pymes, deben implementar programas efectivos de prevención de delitos, canales de denuncia internos y códigos de ética que vayan más allá del papel. Los gremios empresariales también deben autoimponerse estándares: por ejemplo, expulsar de sus filas a socios condenados por corrupción, colaborar con la justicia aportando antecedentes, y promover la competencia leal. Cada vez más, los inversionistas internacionales miran con lupa las prácticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de las empresas; aquellas asociadas a escándalos de corrupción enfrentarán castigo en el mercado (retiro de inversiones, caída de acciones, cierre de créditos). Por ello, es también un imperativo económico para las empresas mantener la integridad. Los casos de Sartor y Primus enseñan que el pan para hoy (ganancias fáciles mediante engaño) deviene en hambre para mañana: quiebras, pérdidas millonarias y cárcel. Las empresas deben ser aliadas en la lucha anti-corrupción denunciando intentos de soborno, rechazando participar en colusiones y estableciendo una política de tolerancia cero con empleados que incurran en actos corruptos.
Ningún plan anticorrupción tendrá éxito sin el compromiso de las personas en su vida diaria. La ética debe valorarse desde la base de la sociedad. Esto implica no participar ni tolerar pequeñas corrupciones cotidianas: negarse a pagar o recibir sobornos, no “hacer vista gorda” ante trámites irregulares, no usar influencias para ventajas personales. Cada chileno puede contribuir rechazando la cultura del atajo mal habido, aunque parezca inofensiva (por ejemplo, no piratear servicios, no falsificar documentos, etc.), porque esa cultura a pequeña escala alimenta la gran corrupción. Además, los ciudadanos tienen poder a través de la fiscalización social: exigir cuentas a las autoridades, utilizar las leyes de transparencia para informarse, reportar irregularidades que conozcan (protegidos por la anonimidad si es necesario). La prensa libre y la sociedad civil organizada (ONGs anticorrupción, juntas de vecinos vigilantes) cumplen un rol de contrapeso vital, destapando hechos que a veces las instituciones formales no ven o no quieren ver. Es fundamental que la ciudadanía no caiga en la apatía; al contrario, que use su voz y su voto para castigar a los corruptos y apoyar a quienes promueven cambios. La indignación debe canalizarse hacia participación y cambio constructivo, no hacia la mera rabia destructiva. Un pueblo informado y activo es la mejor vacuna contra la corrupción sistémica, porque ni el político ni el empresario querrán arriesgarse a hacer trampa si saben que serán descubiertos y repudiados públicamente.
La corrupción local también tiene dimensiones globales. Empresas extranjeras, bancos internacionales y paraísos fiscales a veces facilitan (o no previenen) los flujos de dinero corrupto. Por eso, parte de la solución involucra cooperar con esfuerzos globales: desde adoptar estándares OCDE de transparencia fiscal y financiera, hasta apoyar iniciativas multilaterales contra el lavado de activos. Chile debe fortalecer su cooperación con otros países para perseguir fugitivos y recuperar activos robados que se esconden en el exterior. La estabilidad geopolítica también se defiende combatiendo la corrupción que alimenta redes ilícitas transnacionales (tráfico de drogas, armas, etc., suelen permear fronteras con la ayuda de funcionarios corruptos). En suma, la integridad es un desafío que trasciende fronteras, y Chile puede volver a liderar en la región dando un ejemplo exitoso de cómo un país se sobrepone a la tentación de la corrupción endémica.
Llegados a este punto crítico, es evidente que no hay atajos para recuperar la confianza ni la bonanza económica, la única ruta es un compromiso genuino y sostenido con la ética. Esto requiere coraje para reformar, pero sobre todo coherencia en el actuar diario de todos. Chile ya ha demostrado en su historia que es capaz de grandes acuerdos y transformaciones cuando la situación lo exige. Hoy, la exigencia es moral y urgente. Cada escándalo debe ser una lección y un catalizador para decir “¡basta!” a la corrupción en todas sus formas. La emoción de la rabia y la vergüenza colectiva puede canalizarse en la determinación de cambiar.