La promulgación de la llamada «Ley Antipillos» en Ecuador, formalmente denominada «Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos», busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Sin embargo, ha desatado un amplio debate sobre la forma en que se diseñó, se promulgó y, sobre todo, el equilibrio entre sus beneficios y posibles consecuencias.
El presidente Daniel Noboa firmó esta ley por decreto ayer 9 de diciembre, argumentando la urgencia de atacar las fuentes económicas del narcotráfico y el crimen organizado. La Asamblea Nacional, previamente, había archivado el proyecto debido a preocupaciones sobre su impacto fiscal en la ciudadanía, especialmente en los sectores más vulnerables. Este trasfondo no es menor, ya que la promulgación por decreto, aunque legal, ha dejado fuera un proceso legislativo que podría haber permitido una discusión más inclusiva y detallada. Por tanto, la ausencia de ese análisis plantea dudas sobre la sostenibilidad de la ley y sobre si realmente aborda de forma efectiva el problema que promete resolver.
Uno de los puntos más destacados de la ley es la formalización de sectores económicos considerados de alto riesgo, como la compraventa de vehículos usados. A través de impuestos progresivos, el gobierno busca aumentar la recaudación fiscal y evitar que estas transacciones sean utilizadas para lavar dinero. Sin embargo, imponer nuevos impuestos, aunque necesarios desde el punto de vista fiscal, puede generar resistencia en una economía que ya enfrenta altos niveles de informalidad. Si estas medidas no son percibidas como justas, corren el riesgo de incentivar aún más la evasión, en lugar de promover la formalización y la transparencia.
La cosa es que la ley también pone en evidencia una cuestión más amplia: el balance entre recaudar más fondos públicos y prevenir efectivamente el lavado de activos. Ambas metas son importantes, pero una no puede sacrificarse en favor de la otra. Una ley que prioriza la recaudación sobre la prevención corre el riesgo de convertirse en un parche fiscal, más que en una solución estructural al problema del dinero ilícito. Esto es especialmente relevante en un contexto donde las economías ilícitas no solo afectan al Estado, sino también a los ciudadanos y al quehacer diario.
Las políticas deben diseñarse con un enfoque equilibrado, que no solo atienda las necesidades de recaudación, sino que también fomente la formalización económica y brinde herramientas eficaces para combatir el delito. Esto requiere involucrar a la sociedad civil y al sector privado, no solo como receptores pasivos, sino como actores clave en la implementación y mejora de estas medidas. La transparencia y la participación son esenciales para legitimar cualquier política pública, y más aún una que busca intervenir en áreas tan sensibles como la prevención de delitos. La velocidad no puede ser excusa para ignorar la profundidad y el detalle que requieren políticas tan complejas y de alto impacto.
José Ignacio Camus M.
Co-Founder Admiral Compliance