Radiografía de la corrupción en Chile - Admiral One - Compliance Chile

Enfrentamos una crisis de confianza marcada por la decepción y la indignación. Restaurar la fe requerirá no solo sancionar efectivamente a los corruptos, sino también reformar estructuras, promover la transparencia y mostrar con hechos concretos que la integridad vuelve a ser el valor central en la función pública y privada. Sin ese esfuerzo, el contrato social seguirá debilitándose, afectando la cohesión y el bienestar general.

Los últimos meses han destapado escándalos de corrupción de alto perfil que ilustran la profundidad del problema. A continuación, resumimos algunos casos emblemáticos, junto con datos que evidencian su gravedad y alcance:

Audios: En noviembre de 2023, se divulgó un audio del influyente abogado Luis Hermosilla, donde este menciona la existencia de una “caja negra” para realizar pagos en “sobres” a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) . En la grabación se le oye decir que “parte importante de esta huevá se arregla con plata”, refiriéndose a sobornos para obtener información privilegiada y favores de reguladores. El escándalo desató una ola de indignación, pues reveló redes de coimas en órganos encargados de velar por la probidad. El Fiscal Nacional lo calificó de hechos “muy graves” al abrirse una investigación penal, y expertos señalaron que podríamos “estar ante uno de los casos de corrupción más grandes realizados en nuestro país”. Este caso, conocido mediáticamente como “los audios de Hermosilla”, expuso la normalización del soborno en altos círculos profesionales y su efecto corrosivo en la credibilidad de la justicia.
Caso Sartor: En diciembre de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero revocó la autorización de existencia de Sartor Administradora de Fondos tras descubrir severas irregularidades. Esta firma financiera, que manejaba activos por unos $358.000 millones de pesos, utilizaba los fondos de sus clientes como vehículos de financiamiento para empresas relacionadas con sus propios directores y accionistas, en proporciones “muy significativas” . Además, Sartor ocultó información sobre una cartera de créditos de unos $59 millones de dólares ligada a deudas de sociedades vinculadas a sus dueños. El colapso de Sartor no solo golpeó al mercado financiero –dejando a 1.277 inversionistas con sus fondos congelados, sino que evidenció una falta de ética empresarial al anteponer intereses personales sobre la fiducia de los clientes. La situación derivó en la destitución de la cúpula gerencial y en investigaciones por posibles delitos financieros. Este caso refleja cómo la corrupción y los conflictos de interés en el mundo corporativo pueden destruir empresas completas y afectar la confianza de inversionistas en el mercado local.
Caso Primus: Es considerado “el fraude económico más grande cometido en Chile” en el ámbito privado. Primus Capital, una compañía de factoring no bancario, reveló a inicios de 2023 una estafa millonaria orquestada por su propio gerente general, Francisco Coeymans. A través de la falsificación sistemática de cheques y otras maniobras, el esquema defraudatorio causó un perjuicio estimado en $30.000 millones de pesos a la empresa . Coeymans fue acusado de estafa, administración desleal, falsificación y lavado de activos, y llegó a fugarse del país antes de ser extraditado para enfrentar a la justicia . Directivos de Primus lo denunciaron como “prófugo” y responsable del gigantesco fraude . Las investigaciones mostraron que durante años se maquillaron las carteras con documentos ideológicamente falsos, generando utilidades ficticias mientras se vaciaban las arcas. Este caso expone el costo de la ausencia de ética en la gestión empresarial: inversionistas engañados, empleados afectados y un daño reputacional que trasciende a toda la industria financiera chilena. Montos involucrados sobre los 100 millones de dólares han sido mencionados considerando aristas paralelas del fraude , lo que da cuenta de su escala inédita.
Fundaciones y “Caso Convenios”: En junio de 2023 estalló un escándalo político denominado Caso Convenios (o Caso Fundaciones), al revelarse que la Seremi de Vivienda de Antofagasta había transferido directamente $426 millones de pesos a la fundación Democracia Viva –vinculada a militantes del partido Revolución Democrática– para proyectos habitacionales sin experiencia ni giro adecuado . Este hecho, inicialmente visto como aislado, destapó una trama nacional de convenios irregulares entre reparticiones públicas (ministerios y gobiernos regionales) y fundaciones privadas creadas al margen de los controles. En palabras de un analista, “lo que parecía un caso aislado en Antofagasta rápidamente se extendió como una metástasis por todo el país”, involucrando a múltiples instituciones y figuras políticas . La Contraloría y el Ministerio Público iniciaron decenas de indagatorias: al cumplirse un año del escándalo, la Fiscalía reportó cerca de 90 mil millones de pesos bajo investigación por posibles fraudes al fisco en convenios con unas 50 fundaciones en todo Chile . Tan solo en el Ministerio de Vivienda (MINVU), 40 fundaciones presentaron indicios de delitos, sumando más de $12.200 millones malversados . Regiones como Antofagasta (≈$3.173 millones) y Los Lagos (≈$833 millones) lideran los montos investigados . La facilidad con que se eludieron controles –por ejemplo, fragmentando proyectos para evitar la fiscalización de Contraloría – evidenció fragilidades graves en la gestión del Estado. El impacto político ha sido mayúsculo: renuncias de autoridades locales, repercusiones en partidos oficialistas e indignación transversal. “Chile se encuentra inmerso en un escándalo de corrupción sin precedentes que ha sacudido la confianza pública”, resumió una carta publicada en la prensa . La sensación ciudadana es de un “festín a costa del erario público”, donde operadores aprovecharon vacíos legales y falta de transparencia para enriquecer redes clientelares. El caso fundaciones simboliza cómo la corrupción administrativa no solo implica pérdidas millonarias para el Estado, sino que erosiona la legitimidad del gobierno de turno y del aparato público en su conjunto.

En conjunto, estos hechos evidencian una erosión de la ética en Chile. Ya sea en el ámbito público (autoridades y funcionarios que traicionan la fe pública) o en el privado (ejecutivos que anteponen la codicia al bien común), la corrupción parece haberse vuelto demasiado común. Los montos defraudados ascienden a cifras astronómicas y sus efectos se sienten en toda la sociedad. Cada escándalo destapado es un golpe a la confianza colectiva y un llamado de atención sobre las deficiencias en los sistemas de control, fiscalización y cumplimiento normativo. Pero más allá de las cifras, el daño más profundo es quizás moral: la sensación de que los valores de integridad y honestidad han sido relegados, afectando la cohesión social y las expectativas de un futuro mejor.

Uno de los efectos inmediatos y perniciosos de la corrupción desatada es la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones, en la clase dirigente e incluso en el propio modelo de sociedad. Según un sondeo nacional publicado tras el Caso Convenios, el 71% de los chilenos cree que vive en un país corrupto . Esta cifra representa un fuerte aumento respecto a años anteriores y refleja que la mayoría percibe la corrupción como un fenómeno extendido en Chile. De hecho, la Contraloría General de la República encontró a fines de 2024 que un 72,2% de los consultados califica a Chile como un país corrupto o totalmente corrupto, seis puntos más que en 2022 . En otras palabras, casi 3 de cada 4 chilenos ven a su nación inmersa en prácticas corruptas habituales.

Por otro lado, la expectativa de la gente es pesimista, ya que más de 78% de los ciudadanos cree que la corrupción ha aumentado en el último año y cerca de 69% piensa que seguirá empeorando en el futuro. Solo una fracción mínima (alrededor de 3-10%) es optimista en cuanto a una eventual mejora . Estos números reflejan un descontento generalizado. “Ya no damos abasto con la corrupción, con aquellas personas que se aprovechan y se están robando los recursos destinados a resolver problemas graves de los más desposeídos”, explicó el director de la encuestadora Research Chile al comentar estos resultados . La ciudadanía siente indignación: los casos de desvíos de fondos en viviendas sociales, en salud o en educación significan que recursos para los más vulnerables fueron saqueados por privilegiados, alimentando la rabia y la sensación de injusticia.

Lo difícil es que la confianza en las instituciones democráticas se ha visto seriamente golpeada. Por ejemplo, los partidos políticos, municipios y el Congreso figuran consistentemente entre las instituciones peor evaluadas en materia de probidad. En la encuesta Research de 2023, un 80% señaló a los partidos como proclives a la corrupción, 72% a los municipios y 69% al Parlamento . Incluso los gobiernos regionales, poco visibles históricamente, hoy son percibidos casi tan corruptos como las municipalidades (nota 8,0 en escala 1-10 según un estudio independiente de 2023) debido al Caso Convenios. Esta crisis de credibilidad se traduce en desapego ciudadano: baja participación electoral, protestas masivas y un caldo de cultivo propicio para el populismo. Cuando la gente siente que las vías institucionales están capturadas por la corrupción, tiende a buscar soluciones radicales o a desconectarse del sistema.

Cabe destacar que algunos organismos mantienen algo más de confianza relativa, como Bomberos, la Policía de Investigaciones o incluso las Fuerzas Armadas en ciertos sondeos . Sin embargo, esto puede deberse a que han estado menos expuestos mediáticamente en los últimos escándalos, más que a una aprobación genuina. La erosión es transversal: del poder judicial (impeachment a ministros de Corte implicados en tráfico de influencias), al Poder Ejecutivo (ministros cuestionados por supervisión deficiente), pocos estamentos quedan indemnes de la sospecha pública.

El tejido social sufre cuando la confianza decae a estos niveles. La corrupción tiende a profundizar la desigualdad y el resentimiento, los sectores más acomodados suelen encontrar formas de eludir la justicia o incluso de beneficiarse del sistema corrupto, mientras los ciudadanos comunes experimentan un acceso desigual a bienes y servicios. Además, se instala la cultura de la viveza: un nocivo mensaje de que “el que no hace trampa, no progresa”. Esto amenaza los valores esenciales para la convivencia. Si las instituciones no son capaces de regenerar credibilidad, el riesgo de ingobernabilidad aumenta. De hecho, sabemos que la corrupción “socava la capacidad de los gobiernos para proteger a las personas y erosiona la confianza pública, provocando… amenazas de seguridad más difíciles de controlar” . Es decir, existe un vínculo directo entre corrupción descontrolada y fragilidad estatal, con consecuencias que van desde el aumento de la criminalidad hasta la inestabilidad política.